Rubén Rocha Moya permanece separado temporalmente de la gubernatura de Sinaloa mientras continúan las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. El exmandatario ha negado las acusaciones y ha manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la carpeta de investigación y ha informado que el proceso sigue en curso. Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal ni se ha ejercido una acción penal en su contra, por lo que el caso continúa en etapa de integración y análisis de pruebas.

El desarrollo del expediente mantiene un importante impacto político y jurídico, ya que las autoridades mexicanas han reiterado que cualquier determinación deberá sustentarse en pruebas suficientes y respetar el debido proceso. Mientras las investigaciones avanzan, el futuro político de Rocha Moya permanece sujeto a los resultados que emitan las instancias competentes.