Hasta septiembre de 2026, las investigaciones por el caso de huachicol fiscal en México mantienen bajo proceso a presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustibles. De acuerdo con información publicada el 17 de septiembre, siete elementos de la Secretaría de Marina habían sido detenidos por su presunta participación en estas operaciones, mientras que las autoridades también investigaban a otros posibles involucrados. El caso tomó relevancia tras el aseguramiento de millones de litros de combustible en el puerto de Altamira, Tamaulipas, y las indagatorias sobre posibles irregularidades en las aduanas marítimas.
Entre los principales señalados se encuentran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes permanecían recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Sin embargo, durante septiembre, sus defensas promovieron amparos contra las resoluciones judiciales que los vincularon a proceso. En el caso de Fernando Farías Laguna, un juez federal concedió una suspensión provisional que frenó temporalmente el avance hacia el juicio oral, sin que esto significara su liberación.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el 7 de septiembre que continuaban las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el funcionamiento de la red de contrabando. Además, el Gobierno federal reportó que, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, se habían detenido 2 mil 654 personas por delitos relacionados con combustibles, aunque esta cifra abarca distintas investigaciones y no corresponde exclusivamente al caso de huachicol fiscal vinculado con la Marina. Al cierre de septiembre, el caso continuaba abierto, con procedimientos judiciales pendientes y nuevas líneas de investigación para determinar el alcance de la presunta red criminal.
